Sobre el Informe del traspaso de acciones de Papel Prensa

EL INFORME SOBRE LA INVESTIGACION DEL TRASPASO DE LAS ACCIONES DE PAPEL PRENSA A CLARIN, LA NACION Y LA RAZON EN NOVIEMBRE DE 1976


Negocios y dictadura: testimonios y documentos
Por Sebastián Premici

El detallado informe, a partir del relato de testigos y víctimas, da cuenta de las circunstancias en las que Papel Prensa cambió de manos. El papel de la dictadura. El testimonio del testaferro de Graiver. La defensa de Clarín y La Nación.

El Informe Papel Prensa: La Verdad da cuenta del contexto en que se produjo el traspaso de la papelera hacia los diarios Clarín, La Nación y La Razón. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio publicaron ayer en su sitio web (www.mecon.gov.ar) la investigación, presentada esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de los testimonios de Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover, sumado a material documental, el informe da cuenta del momento exacto en que las autoridades de la última dictadura militar comenzaron a participar de las “negociaciones”, desde las presiones a Papaleo hasta la aprobación por parte de la Junta del traspaso de las acciones. En el último tramo del informe también se ofrecen detalles sobre el “pacto de sindicalización”.



El contexto


En los anexos del informe sobre Papel Prensa figuran una serie de testimonios de los involucrados en la operatoria, entre ellos, Lidia Papaleo, mujer de David Graiver, ex dueño de la papelera. “El Sr. Martínez Segovia, que era presidente de Papel Prensa, me citó a un almuerzo para comunicarme que venía en representación del ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz (que además era primo de Segovia). En ese encuentro me dijo que debía firmar la cesión de las acciones de la empresa. Dado los hechos que se vivían en el país, tomé conciencia que las amenazas de muerte, tanto para mi hija como para mí, eran auténticas. En ese terror fui citada para el día 2 de noviembre de 1976, por la noche, a una reunión en las oficinas de La Nación.”

 Antes de esa fecha, las acciones de la papelera estaban en manos de los herederos de David Graiver, fallecido en agosto de 1976 (Juan Graiver, Eva Gitnacht y María Sol, representada por su madre, Lidia Papaleo). Según consta en el informe, Isidoro Graiver le había cedido sus acciones a David en febrero de 1976. Por otro lado, estaban Galería Da Vinci y Rafael Ianover, testaferro de Graiver.

Esa noche del 2 de noviembre del ’76, como relata Papaleo, se encontraron en el edificio del diario La Nación todos los involucrados pero en oficinas separadas. Según relata el propio Ianover, él mantuvo un encuentro a solas con Patricio Peralta Ramos, uno de los dueños de La Razón. “Mire, yo estoy dispuesto a firmar esta transferencia siempre y cuando a mí no me ocurra nada”, manifestó Ianover, tal como consta en el informe. “Le doy mi palabra que a usted no le pasará nada”, respondió Peralta Ramos. Sin embargo, Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977. Previamente, ya había sufrido la presión de un grupo de tareas, según un testimonio brindado el 7 de julio de este año.

“En la reunión en La Nación se suscribe el boleto de compraventa sobre el cual jamás pude opinar. Sólo pagaron 7000 dólares de un total de un millón de dólares”, manifestó la viuda de Graiver.

Según consta en el informe, al momento de la firma de ese contrato, Papaleo contaba en su poder con las acciones de la sucesión, las cuales aparecieron 22 días después en una caja fuerte del viejo Banade. La versión oficial de Clarín y La Nación indica que ellos nunca tuvieron en su poder las acciones de la sucesión; sin embargo, esas acciones fueron para Fapel, la sociedad que constituían los tres diarios, junto a algunos particulares. A lo que hay que agregar que la “transferencia” se realizó en el propio edificio de La Nación.



¿Qué era Fapel?


La sociedad denominada Fábrica Argentina de Papel para Diarios fue constituida en febrero del ’76. La integraban los tres diarios, y algunos de sus directivos. El 10 de noviembre del ’76, a ocho días de la firma del contrato de compraventa, Fapel cedió las acciones adquiridas a los Graiver a los tres diarios. Esta transferencia se realizó sin la existencia de las acciones de Papaleo (que aparecieron el 22 de noviembre de ese año), y por un pedido de la Junta Militar. Dentro de este contexto, José Pirillo, años después dueño de La Razón, denunció que en los balances del diario nunca aparecieron registros de esa transferencia.

Luego de realizada la operación, debía ratificarse lo realizado en una asamblea de accionistas, que tuvo lugar el 4 de marzo de 1977. Para esa fecha, había en total cinco operaciones de venta que debían concretarse, entre ellas la venta de las acciones de “Rey, Doretti e Ingeniería Tauro” a Galería Da Vinci. Según el informe presentado esta semana, quien allanó el camino para concretar la asamblea y el traspaso de las acciones de Fapel a los tres diarios fueron las autoridades de la dictadura militar.

A partir de un acuerdo entre la “Junta Militar –dice la investigación– y los tres diarios se acordó que el Estado nacional votaría a favor de las transferencias de las acciones, que se aprobaría la cesión de acciones entre Rey, Doretti e Ingeniería Tauro y Galería Da Vinci, a cambio de que éstas empresas se quedasen con la licitación para la construcción de la planta papelera”. Después de este acuerdo, la Junta Militar aprobó el ingreso de los diarios. A los diez días de celebrada esa asamblea, Lidia Papaleo de Graiver fue secuestrada.


“¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo hasta firmar la venta?”, se autopreguntó la Presidenta durante la presentación del informe. “Para evitar que la compañía cayera en manos de la Conarepa, que era el órgano que se quedaba con los bienes de los detenidos. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa”, se respondió Fernández de Kirchner.



El pacto de sindicalización


El 18 de agosto de 1977, los tres diarios firmaron dicho “pacto”. Ahí se comprometieron a “actuar conjunta y coordinadamente asegurando la unidad de criterio en la conducción de la empresa”. También se obligaron a votar siempre en el mismo sentido, tanto en las Asambleas como en el Comité Directivo. “En el supuesto de que la transgresión consistiera en votar en las asambleas en contradicción con lo resuelto por el comité, la multa a aplicar será del 25 por ciento del valor de las acciones propiedad de la transgresora”, puede leerse como uno de los artículos del pacto de sindicalización.
 Según el informe, este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. A partir de esta situación, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para declarar la producción, comercialización y distribución del papel para diarios como un servicio de interés público.



Fuente: Página 12, 27.08.10


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El Constitucional de Colombia rechaza acuerdo con EEUU

El fallo exige que el Congreso apruebe el uso de las bases


El Tribunal Constitucional colombiano exigió ayer que el acuerdo militar que firmaron los Gobiernos de EE UU y Colombia el año pasado sea sometido a votación por el Congreso.


El acuerdo contempla el uso de siete bases por parte de soldados estadounidenses en el país sudamericano, y según el Tribunal debe pasar el trámite parlamentario para ajustarse a la Constitución.

La decisión del tribunal, que fue adoptada por seis votos a favor y tres en contra, deja sin vigencia con efecto inmediato los términos de la colaboración entre los dos países.

El objetivo del acuerdo, cuya duración prevista era de 10 años, era combatir el terrorismo y el narcotráfico en la región. Estados Unidos pretendía usar las bases para albergar aviones de vigilancia y asaltar buques cargados de droga en aguas del Pacífico, la principal vía de entrada de cocaína al país.

Washington también se comprometía en virtud del acuerdo a asistir al Ejército colombiano en operaciones antiterroristas y antidrogas en la región.

El acuerdo bilateral suscitó airadas reacciones de protesta en la región. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo consideró una amenaza directa contra su país, lo que le llevó a suspender las exportaciones colombianas a Venezuela, así como a cancelar una serie de programas energéticos conjuntos.

Otros líderes latinoamericanos como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, o el de Bolivia, Evo Morales, también se opusieron a la firma por considerarlo una injerencia intolerable de Estados Unidos en la región.


El ministro del Interior colombiano, Germán Vargas Lleras, aseguró ayer que el Gobierno acataría el fallo del tribunal.


Fuente: El País - Agencias - Bogotá - 18.08.10


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Carta abierta a Grobocopatel

Agro y economía nacional

Carta abierta a Grobocopatel

Por Aldo Ferrer *

A raíz de la polémica que vienen sosteniendo a través de Página/12 el escritor Mempo Giardinelli y el empresario sojero Gustavo Grobocopatel sobre la cuestión social del agro y su responsabilidad en la protección del medio ambiente, empiezan a surgir otras voces que se suman al debate. Aquí, la del economista Aldo Ferrer.

Estimado Gustavo:
                                                                                                                                      

Recordarás que, hace algún tiempo, con nuestro común amigo Bernardo Kosakoff, publicamos un artículo, en co-autoría, sobre el papel de la cadena agroindustrial en la economía y la sociedad argentinas. En estos días he leído un intercambio de cartas abiertas que mantuviste, con Mempo Giardinelli, sobre las mismas cuestiones y no resisto la tentación de entrometerme para señalar algunos puntos. El intercambio es muy rico y esclarecedor sobre cuestiones fundamentales, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la cuestión social en el agro. Al mismo tiempo, creo que el análisis debe ubicarse en el contexto más amplio del desarrollo de toda la economía nacional en su inmenso territorio y su posicionamiento en el orden mundial. Concentraré mi comentario en la cuestión de las retenciones, que es crucial en el tratamiento del tema.                                                                     

Decís en tu carta: “Las retenciones son anti-Chaco, anti-desarrollo rural, anti-equidad”. No es así, por múltiples razones. No se puede hablar de retenciones sin referirlas al tipo de cambio. Es como tratar de contar la historia de Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Desvincular las retenciones del tipo de cambio no es sólo una insuficiencia de tu afirmación, sino una falta generalizada en todo el debate sobre la materia. La consecuencia es que el problema se reduce a su impacto en la distribución del ingreso. En mi intervención en las comisiones de Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, durante el tratamiento de la resolución 125, destaqué que el debate se limita a ese aspecto distributivo cuando, en realidad, lo que está en juego es la estructura productiva y el desarrollo económico.

Las retenciones tienen un efecto fiscal y desvinculan los precios internos de los alimentos exportables de los precios externos. Pero estos objetivos podrían alcanzarse, en principio, por otros medios. Para el único fin para el cual las retenciones son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo que realmente importa para la competitividad de toda la producción interna sujeta a la competencia internacional, en toda la amplitud del territorio nacional y sus regiones.              

La necesidad de las retenciones surge del hecho de que los precios de los productos agropecuarios respecto de las manufacturas industriales son distintos de los precios relativos de los mismos bienes en el mercado mundial. Es decir, las retenciones permiten resolver el hecho de que, por ejemplo, la producción de soja es internacionalmente competitiva con un tipo de cambio, digamos, de dos pesos por dólar y, la de maquinaria agrícola, de cuatro. Los tipos de cambio “diferenciales” reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y las manufacturas industriales. La brecha, es decir, las retenciones, no es estrictamente un impuesto sobre la producción primaria, sino un instrumento de la política económica. El mismo genera un ingreso fiscal cuya aplicación debe resolverse en el presupuesto nacional, conforme al trámite constitucional de su aprobación y ejecución. 

La asimetría entre los precios relativos internos e internacionales no es un problema exclusivamente argentino. La causa radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, los recursos naturales, nivel tecnológico, productividad y organización de los mercados. En la Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de los recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y la industria. Todos los países utilizan un arsenal de instrumentos (aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, etc.) para “administrar” el impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas, con vistas a defender los intereses “nacionales”. En la Unión Europea, por ejemplo, sucede a la inversa que en nuestro país: las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios. En consecuencia, se subsidia la producción agropecuaria, lo cual insume la mayor parte de los recursos comunitarios. Si no lo hiciera, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones, situación inadmisible por razones, entre otras, de seguridad alimentaria y equilibrio social.                                                             

¿Cuáles serían las consecuencias de unificar el tipo de cambio para eliminar las retenciones? En nuestro ejemplo, si el tipo de cambio fuera el mismo, dos o cuatro por dólar, tanto para la soja como para la maquinaria agrícola, en el primer caso (dos por dólar) desaparecerían la producción de la segunda y gran parte de la industria manufacturera, sustituida por importaciones. Las consecuencias serían un desempleo masivo, aumento de importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema. En el segundo caso (cuatro por dólar), se produciría una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario. En las palabras de Marcelo Diamand, en la actualidad, dada nuestra “estructura productiva desequilibrada”, es inviable la unificación del tipo de cambio para toda la producción sujeta a la competencia internacional. Unificar el tipo de cambio traslada los precios relativos internos a los internacionales, con lo cual el campo se convierte en un apéndice del mercado mundial en vez del rol que le corresponde como sector fundamental de un sistema económico nacional, condición necesaria del desarrollo de cualquier país.                                                                 

¿Por qué es preciso, simultáneamente, tener mucho campo, mucha industria y mucho desarrollo regional? ¿Por qué es necesaria la rentabilidad de toda la producción sujeta a la competencia internacional? Por la sencilla razón de que la cadena agroindustrial (incluyendo todos sus insumos de bienes y servicios provenientes del resto de la economía nacional) genera 1/3 del empleo y, por lo tanto, es inviable una economía, próspera de pleno empleo, limitada a su producción primaria, por mayor que sea la agregación de valor y tecnología al complejo agroindustrial. En otros términos, no es viable una economía nacional reducida a ser el “granero” ni, tampoco, la “góndola” del mundo. Sólo con esto nos sobra la mitad de la población. Por otra parte, la ciencia y la tecnología son el motor del desarrollo de las sociedades modernas y, para desplegarlas, es indispensable una estructura productiva diversificada y compleja que incluya, desde la producción primaria con alto valor agregado, a las manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera.                                                           

Si se alcanza el convencimiento compartido sobre la estructura productiva necesaria y posible, se abandona la discusión de las retenciones como un problema reducido a la distribución del ingreso. Se plantean entonces dos cuestiones centrales. Por una parte, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional. Es decir, el tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Por la otra, el nivel de las retenciones compatibles con la rentabilidad de la producción primaria e industrial, tomando en cuenta los cambios permanentes en las condiciones determinantes de costos y otras variables relevantes. Las retenciones deben ser “flexibles” y tomar nota de tales cambios. Al mismo tiempo, deben aplicarse de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, la comprensible demanda del ruralismo integrado por pequeños y medianos productores de recibir un trato preferente es, probablemente, difícil de cumplir con retenciones distintas conforme al tamaño de las explotaciones o la distancia a los puertos y centros de consumo. Otros medios pueden ser utilizados con más eficacia para los mismos fines.                                                                                     

Es necesario referir los problemas señalados en el intercambio de cartas comentado al desarrollo nacional. Vale decir, el pleno despliegue del potencial, la gobernabilidad, la libertad de maniobra en un mundo inestable, la inclusión social, factores todos que, en definitiva, son esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, las regiones, el capital y el trabajo, y para proteger la naturaleza y el medio ambiente. Para contribuir a tal fin es indispensable aclarar, de una vez por todas, qué son y para qué sirven las retenciones.                                                                                                  

*Economista del Plan Fénix.                                                                                                                       

Fuente: http://robertopaezgonzalez.wordpress.com/2010/08/16/aldo-ferrer-agro-y-desarrollo/ 16.08.10