Sobre UNASUR

05/03/2009 - UNASUR, Latinoamérica y la crisis - Roberto Páez González

El proceso constitutivo de Unasur había sufrido un grave traspié ante el conflicto entre Ecuador y Colombia, a raíz de la incursión colombiana, en territorio ecuatoriano, que mató al dirigente de las FARC, Raúl Reyes, pero los compromisos de los líderes sudamericanos en marzo de 2008, en el marco del Grupo de Río, reunido en Santo Domingo, República Dominicana, dieron salida al conflicto y fue una experiencia positiva en la solución de diferendos entre países de Latinoamérica, sin acudir a potencias extrarregionales.

El 23 de mayo de 2008, en Brasilia, once presidentes y un vicepresidente en representación de los doce países de América del Sur, firmaron el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)¹ y dieron así un paso importante en la integración regional. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, asumió por un año la presidencia pro témpore.

Dijo ese día la presidenta de Chile: "Pero no es el primer paso que hemos dado. Nuestra región es una región que ha tenido experiencias de integración, que se remontan al inicio de nuestras repúblicas, y acaso de nuestras naciones, y que dieron pasos importantes en el Siglo XX. Y estoy hablando del SELA, de la Comunidad Andina , del MERCOSUR, del SICA, del CARICOM y, más recientemente, de la Comunidad Sudamericana de Naciones".

Desde entonces, además de los objetivos planteados en el Tratado², se destaca la intervención de Unasur en el conflicto planteado en Bolivia durante 2008, en el que respaldó la institucionalidad, apoyando así al presidente Evo Morales. También, envió a Bolivia la misión Mattarollo para investigar la masacre de Pando.

Después de la Independencia , que para casi todos los países latinoamericanos fue al principio del siglo diecinueve, la búsqueda de convergencias atravesó la historia de los dos siglos que en la actualidad los países latinoamericanos conmemoran como el Bicentenario.

Bolívar hizo de la unión el principal estandarte, pero la región conoció largos períodos de dominación de las élites y oligarquías locales que trabajaron en sentido contrario.

Los países experimentaron largas guerras civiles que paralizaron duraderamente las iniciativas integradoras, y la inserción subordinada de los diversos países en la economía mundial -que fue el rasgo más general y permanente- selló la vinculación de cada uno con potencias políticas y económicas exteriores, a través del comercio internacional en el que se especializaron, basados en una o muy pocas exportaciones primarias.

Los procesos de industrialización posteriores a la crisis de 1929 -tanto la inconclusa, por sustitución de importaciones, como la industrialización sesgada por la inversión extranjera del desarrollismo de los años sesenta y setenta o la industrialización limitada del período neoliberal adelantado por las tristemente célebres dictaduras de Pinochet y compañía, acentuado por el contexto del Consenso de Washington y el auge de la financiarización, no llevaron a mejoras en las posiciones relativas de los países suramericanos en el concierto internacional.

El comercio intrarregional, por su parte, es menos de un quinto del comercio exterior de la región, lo que expresa un largo retraso en comparación con afinidades culturales existentes de antiguo y que bien podrían facilitar una economía regional mucho mejor articulada y más satisfactoria para alcanzar objetivos de desarrollo social y humano, así como promover al conjunto de los ciudadanos de los diversos países que la conforman.

Frente a esta crisis financiera y económica internacional Unasur es una instancia para la elaboración de una respuesta concertada de los países sudamericanos y también una oportunidad para expresar una concepción social de nuestro tiempo³.

Quito, capital de Ecuador, será la sede de la Secretaría General de UNASUR, pero el secretario general aún no fue designado. El presidente Correa impulsó la candidatura de Néstor Kirchner, ex presidente de Argentina, a ese puesto, pero fue vetado por el presidente de Uruguay (Argentina y Uruguay tienen un litigio por el establecimiento de la papelera Botnia en las cercanías de Fray Bentos, Uruguay). También se decidió hacer sesionar el Parlamento Suramericano en Cochabamba (Bolivia). Las realizaciones demoran, pero los desafíos están lanzados.

El presidente de Brasil afirmó que América del Sur dejaba de ser una zona geográfica para convertirse en una zona de integración. Tras haber tejido una alianza con Argentina, Brasl protagonizó esta convergencia y su presidente, Lula da Silva, presentó la propuesta de crear un Consejo de Defensa Suramericano al que sólo Colombia presentó objeciones.

Fue la fase final de una estrategia que comenzó con maniobras conjuntas entre Brasil y Argentina, realizadas con la hipótesis de conflicto de la defensa de los recursos naturales ante una potencia extracontinental.

Brasil tiene un 50 % de la población y del PIB regional y es uno de los principales países emergentes, con Rusia, China e India. La región puede aspirar a convertirse en un polo de poder global.

Lula anunció los objetivos de un banco central y una moneda única para la década 2010. Numerosos críticos dudan de su factibilidad habida cuenta de las disparidades y asimetrías entre los países de la región.

Pero el alcance y los enfoques de los cambios en marcha superan los horizontes posibles de épocas anteriores de estas convergencias y bloques regionales.

Unas referencias del contexto latinoamericano

Por ejemplo, en la « combocumbre » de Bahía, como la llamó el presidente Correa, se reunían, en diciembre de 2008, plenarios de Unasur, el Mercosur ampliado, el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), 33 países representados.

Uno de los presidentes más conservadores, el mexicano Felipe Calderón, titular pro témpore del Grupo de Río aseveró: “nos encaminamos a formar una organización o una unión que ya no sólo se reúna en un esquema de cumbres, sino que nos organicemos con nuestras propias reglas, una unidad real formal sobre bases sociales, políticas y económicas”. En otras palabras, precisó enseguida, una OEA sin Estados Unidos, ni Canadá. Pero estos caminos incluyen a Cuba, junto al reclamo a EEUU de levantar el bloqueo.

El propio Calderón anunció, también, que los países de la región se reunirían en Chile para acordar una postura regional ante el G-20 de Londres, en abril, del que participarán Brasil, México y Argentina.

En el mismo evento, Hugo Chávez expuso que: “Somos 33 países al sur del Río Bravo, 20 millones de kilómetros cuadrados, 550 millones de habitantes, con un PBI de 3,5 millones de millones de dólares, 459.774 millones de dólares de reservas en el 2007, según la Cepal. Tenemos posibilidades de diseñar soluciones para enfrentar la crisis”. Y planteó destinar al menos un uno por ciento de esas reservas a un fondo común para compensar asimetrías regionales e impulsar proyectos de desarrollo.

Primeras conclusiones

Después de los dos siglos de los sueños de unidad latinoamericana, la realidad de la unión concreta en ámbitos institucionales una conciencia histórica de afinidades culturales y geopolíticas e intereses comunes.

En ciertos marcos económicos e institucionales, como Mercosur o Unasur, se da la talla para acometer nuevas políticas de integración de infraestructuras, promoción del comercio intrarregional y convergencias sudamericanas y latinoamericanas de los Estados para pesar más en el concierto internacional, actualmente -por ejemplo- en las deliberacioens y negociaciones del G 20.

Así, las instituciones latinoamericanas y coincidentemente los proyectos de Unasur, revelan –hoy- una participación de los Estados en un nuevo sujeto de cambio, recogiendo aspiraciones de los movimientos sociales y el interés común por lograr desarrollos económicos equilibrados y una distribución progresista de la renta, un dicho desarrollo social.

Aunque era el cometido del FMI la estabilidad del orden financiero internacional, éste no vio venir la crisis mientras se ocupaba de imponer el neoliberalismo a los países en desarrollo. Pero ahora, los efectos de la crisis afectan a los países emergentes y sus voces deben deben hacerse sentir para que la negociación de nuevas regulaciones financieras internacionales no contemplen un mero rescate financiero sin metas fundamentales de desarrollo social.

Dos de los tres países latinoamericanos del G 20 son Brasil y Argentina, de Unasur; el otro es México. Ellos tienen una gran responsabilidad en esta cita.


Notas

¹ Los doce países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Panamá es país observador.

² Uno de los párrafos dice que los países firmantes « RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible; »

³ Artículo 2 – Objetivo - La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.

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Versión de esta nota en francés en Ojos abiertos: http://ojosabiertosmag.wordpress.com/
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PARA REFLEXIONAR

PAGINA 12 - Domingo, 1 de Marzo de 2009
EL PAIS › COMO SERA LA COMERCIALIZACION DE GRANOS

Adiós a las retenciones - Por Horacio Verbitsky

Ante la insistencia de las cámaras patronales agropecuarias en cuestionar las retenciones, el gobierno prevé reemplazar ese instrumento por un nuevo sistema de comercialización de granos. La historia del nuevo proyecto y las características de la Agencia a crearse, que el gobierno no asocia con la ONCA , ni el IAPI, ni las juntas de granos de la década de 1930, sino con los modelos desarrollistas de Canadá y Australia.

El gobierno nacional está dispuesto a suprimir las retenciones al comercio exterior de cereales y oleaginosas, que los exportadores pagan pero luego descuentan a los productores. La decisión se adoptó en respuesta a la insistencia de la Mesa de Enlace de las Cámaras Patronales Agropecuarias en cuestionar ese instrumento, con el apoyo de las principales fuerzas de oposición parlamentaria. En su lugar, se dispondría la creación de una Agencia de Comercialización, que compraría las cosechas asegurando un buen precio a los productores y se encargaría de su exportación. En cambio, no alcanzaría a puertos y silos. Las traders que en la actualidad concentran ese comercio podrían seguir actuando en el mercado, comprando materia prima para industrializarla y exportar luego los productos con valor agregado nacional. Según los funcionarios del Ministerio de Producción que trabajan en el proyecto, no tendría “reminiscencia del conservadorismo de la década de 1930” , con sus juntas de granos y de carnes, ni del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) del primer peronismo. Sería lo que califican como “una agencia moderna, propia del siglo XXI, inspirada en los entes de esas características que funcionan en países como Canadá y Australia”. Uno de sus objetivos seguiría siendo desacoplar la provisión interna de alimentos de los vaivenes de los mercados internacionales, pero con instrumentos más sofisticados, idóneos para diferenciar entre los intereses de distintos segmentos del sector y al mismo tiempo promover la industrialización en el país de la materia prima, que hoy se exporta a granel y es elaborada en plantas en el exterior que a veces son de las mismas comercializadoras. En Canadá funcionan tres juntas distintas: una negocia los precios de la cosecha, otra la comercializa y la última establece los niveles de siembra a los que deben atenerse los productores para obtener una máxima rentabilidad, al estilo de una OPEP agropecuaria interna. La nueva agencia estatal sólo abarcaría en una primera etapa la comercialización de los principales cereales y oleaginosas: trigo, maíz, girasol y soja. El gobierno cree que el nuevo esquema, al que califica de desarrollista, también podría provocar realineamientos entre las entidades gremiales y las fuerzas políticas, ya que estaría destinado a favorecer a medianos y pequeños agricultores y promover la creación de empleo industrial, a expensas de acopiadores y brokers que triangulan las ventas y así acaparan la mayor rentabilidad.

El rol del Estado
Durante los dos meses de negociaciones entre el ministro de la Producción , Julio De Vido, y el presidente de la Sociedad Rural , Hugo Biolcati, se acordó discutir toda la política agropecuaria salvo las retenciones, que el gobierno no estaba dispuesto a modificar porque afectaría las posibilidades del Estado de intervenir en la economía, cuando madura la peor crisis global en ocho décadas. La oposición política y gremial no valora esa reconstrucción de la autoridad política y su capacidad de regular las fuerzas del mercado y prefiere aplicarle el desdeñoso sustantivo “La caja”. Una audaz operación intelectual, martillada a través de una eficaz cadena de medios privados, estigmatiza esa recuperación del poder del Estado identificándola con corrupción, discrecionalidad y autoritarismo. Biolcati no sinceró a todos sus socios en la Mesa de Enlace la información sobre los encuentros con De Vido, hasta que este diario publicó los detalles hace dos semanas. Luego de una negativa inicial, Biolcati no tuvo más remedio que admitir la gestión que había emprendido y eso condujo, luego de un nuevo lockout patronal, al primer encuentro entre el gobierno y las cámaras patronales, el martes pasado.

Diálogo o confrontación
La representación oficial tomó como punto de partida los acuerdos De Vido-Biolcati. Cuando se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes, la Mesa de Enlace afirmó que había comenzado un diálogo auspicioso. Los puntos presentados ese día por la ministra Débora Giorgi y el secretario de Agricultura Carlos Cheppi implican según el gobierno una reasignación en favor del sector de 1300 millones de pesos anuales. Sin embargo, al día siguiente los sindicalistas panzones volvieron al tono épico de 2008, que culminó con el rechazo de la resolución 125 en el Senado. Biolcati, Mario Llambías, Eduardo Buzzi y Carlos Garetto participaron de una audiencia pública en el Senado de la Nación con representantes de las dos coaliciones políticas opositoras que en octubre intentarán quebrar la mayoría parlamentaria kirchnerista: la del Peronismo de Pro, articulado por el ex senador Eduardo Duhalde, y la del Panradicalismo, con los restos de la UCR , la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió y las fuerzas que siguen al vicepresidente Julio Cobos. Los enardecidos discursos de dirigentes gremiales y políticos hicieron eje en el cuestionamiento a las retenciones y se prometieron insistir hasta obtener el quórum de 130 votos para sesionar y eliminarlas.

Cambio de escenario
El Poder Ejecutivo decidió prepararse para un cambio de escenario, que involucrara la supresión de las retenciones y un sistema distinto de comercialización. El proyecto oficial había sido mencionado por Giorgi en la reunión del martes. En los días siguientes, el ex director de la ONCCA y actual responsable de la AFIP , Ricardo Echegaray comenzó a reunir la información necesaria sobre logística, puertos, fletes, cantidad de empleados en cada eslabón de la cadena. Esto implicó a la línea administrativa de distintos entes, lo cual unido a la mención de Giorgi puso sobre alerta a las cámaras patronales. Esto se reflejó en las notas publicadas el viernes por Clarín y La Nación , los dos diarios cuyas empresas editoras son al mismo tiempo copropietarias de la feria Expoagro, en la que se realizan cada año negocios por unos 300 millones de dólares y que han sido sostén fundamental de las cámaras agropecuarias en su batalla con el gobierno de CFK. De inmediato, la Sociedad Rural y Carbap hicieron conocer su disgusto. Los grandes productores que representan tienen una relación privilegiada con las empresas comercializadoras. Pese a que la filtración provino de sus propias filas, Biolcati se apresuró a declarar que una medida de ese tipo no podía anunciarse por los diarios y sugirió que pasado mañana las cámaras patronales podrían desertar del nuevo encuentro. La interpretación de los voceros del sector es que se trata de una amenaza oficial para inducir la venta del remanente de la cosecha anterior de soja, que los productores retienen en bolsas para forzar al gobierno a reducir o eliminar las retenciones, que hoy son de un 35 por ciento, bastante más que el porcentaje que estarían pagando si rigiera la resolución 125. Las fuentes oficiales no confirman esa apreciación y más bien señalan la necesidad de dar un corte definitivo a un conflicto que no tiene solución en los términos en que se ha planteado hasta ahora. En su lugar propondrán una reforma estructural coherente con la situación internacional, en la que el Estado acude al rescate de las fuerzas enloquecidas de un mercado que, sin otra lógica que la maximización de ganancias, precipitó una crisis mundial. Un proyecto de creación de una Empresa Nacional de Promoción y Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario, Enpyccaa, fue presentado en 2007 por el diputado del Frente para la Victoria Alberto Cantero Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Otro pertenece al bloque de Solidaridad e Igualdad, separado del ARI cuando Carrió concretó su apertura a la derecha liberal. Un integrante de ese bloque dijo que si el proyecto oficial va en serio y no es un mero apriete para negociar, el SI está abierto a considerarlo. De este modo el gobierno podría sumar por izquierda los votos que se le han desgranado por derecha.

Páginas de historia
La pugna por el ingreso con el sector agropecuario no es un hecho nuevo en la política argentina y resulta natural vincularla con las condiciones en que se realiza el comercio exterior de granos, carnes, oleaginosas y sus subproductos industrializados. Este año se cumplen tres cuartos de siglo de la denuncia del senador demoprogresista Lisandro de la Torre sobre las ganancias extraordinarias de los frigoríficos extranjeros a partir de la devaluación dispuesta por el ministro de Hacienda Federico Pinedo, que incrementó el precio al público sin mejorar el ingreso de los pequeños y medianos ganaderos, y por la enorme diferencia entre los precios que pagaban por la carne en la Argentina y los que percibían por su venta en el mercado británico. Esa historia fue narrada en un libro por el contador de la comisión investigadora que integró De la Torre , Samuel Yasky, tío abuelo del secretario general de la CTA. Los frigoríficos entregaban una suma reducida de divisas al cambio oficial, sobre un precio muy inferior al que obtenían, y el resto lo negociaban en el mercado libre o lo dejaban en el exterior. Algunas de esas condiciones se reproducen hoy con cereales y oleaginosas. El comercio exterior está como hace 75 años en manos de unas pocas compañías extranjeras, o ahora también de origen local pero trasnacionalizadas, entre ellas la Aceitera General Deheza, del aún senador del Frente para la Victoria Roberto Urquía, lo cual señala los límites de la construcción política oficial. El debate de 1935 contiene instructivas enseñanzas. El ministro de agricultura Luis Duhau preguntó: “¿Lo único que interesa es el consumidor?” frase a la que le haría eco en 1976 el presidente de la Sociedad Rural , Celedonio Pereda, citado por Rodolfo J. Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar : “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. Precursor de algunos de los anfitriones de la Mesa de Enlace en el Senado, Pinedo se había separado del Partido Socialista y aliado con el conservador Demócrata Nacional. En cambio el senador socialista Alfredo L. Palacios apoyó a De la Torre y le transmitió el dato central, recibido de tres obreros, que fueron despedidos por la infidencia: el vapor Norman Star estaba por salir del puerto llevando 21 cajones con los documentos sobre costos que las empresas exportadoras se habían negado a entregar, alegando sucesivamente que los habían quemado y que eran parte de su propiedad privada. Con el material secuestrado, De la Torre describió un “régimen de monopolio”. Como la Dirección de Réditos no fiscaliza a las empresas frigoríficas “pagan lo que ellas mismas establecen y defraudan la renta”. El Anglo pagó en 1933 siete veces menos que el pequeño frigorífico local Grondona y Compañía, aunque exportaba treinta veces más. Como resultado del trabajo de la comisión, la Dirección de Réditos incrementó en 185 veces el cálculo de las ganancias del Anglo. Esta semana el director de la AFIP , Ricardo Echegaray, se reunió con el presidente de las cámaras de la Industria Aceitera y de Exportadores, Raúl Padilla, titular también de la trader Bunge y lo exhortó a que sus socios paguen la diferencia entre lo que liquidaron y lo que correspondía por sus operaciones del año pasado. Las cerealeras se preparan para resistir en la justicia, que consideran propicia, y el gobierno cree tener un as imbatible en cada manga para forzarlas. Cuando la Sociedad Rural clamó que debía buscarse “la verdad objetiva, prescindiendo de consideraciones ideológicas o políticas”, De la Torre respondió que la representación de los ganaderos “se molesta al solo anuncio de que se va a investigar un monopolio”, responsable del despojo de los productores, las condiciones miserables de trabajo de los obreros de los frigoríficos y sus salarios mezquinos, y que por cuestionar esa situación le habían hecho una leyenda de violencia. Sin cohibirse, demostró que uno de los beneficiarios de los precios de privilegio que pagaba el monopolio era el propio ministro Duhau, quien no tuvo otra respuesta que atribuirle propósitos electoralistas. De la Torre presentó también un proyecto sustituyendo el monopolio de hecho por un monopolio estatal y exigió que las compañías frigoríficas mejoraran las viviendas y los salarios de los obreros. También intervino contra De la Torre el senador Matías Sánchez Sorondo, autor de un proyecto de “ley de represión del comunismo, el anarquismo y el sindicalismo”, fuerzas “que lo mismo emplean el libro, el folleto, el discurso, la tribuna, la bomba” para impulsar su “propaganda subversiva” con el fin de “destruir la religión, la familia y la propiedad privada, los tribunales de justicia, el Ejército y la policía”, discurso afín al dirigido contra el actual gobierno en algunos de los piquetes de la abundancia. Aquel debate concluyó el 23 de julio de 1935. Duhau derribó a De la Torre con un empellón. Un guardaespaldas del ministro se acercó arma en mano y el otro senador demoprogresista de Santa Fe, Enzo Bordabehere, se interpuso y recibió el balazo mortal en la espalda. En diciembre el presidente Agustín P. Justo pidió la renuncia de Duhau y Pinedo, pero fue preciso aguardar hasta la llegada al gobierno de Juan Perón para que un frigorífico estatal fuera bautizado con el nombre de Lisandro de la Torre y se nacionalizara el comercio exterior, mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que usó los precios diferenciales a favor del desarrollo industrial y la distribución del ingreso. Aunque hoy lo parezca, no es una medida revolucionaria. Formó parte de todos los documentos de la resistencia peronista, como los de Huerta Grande y La Falda , y en setiembre de 1970 la propuso José Ignacio Rucci, a dos meses de asumir como secretario general de la CGT , junto con la nacionalización de la banca, el seguro y la industria, la participación obrera en la propiedad y gestión de las empresas, la reforma impositiva y la planificación económica. Estas páginas de historia muestran que la confrontación del actual gobierno con las cámaras patronales agropecuarias es necesaria pero no suficiente y parece tan errado oponerse como conformarse. El realineamiento en cierne, que implica tanto riesgo como oportunidad, podría ser el mejor modo de acercarse a octubre, para que el voto popular decida si acompaña o abandona un proyecto de transformación planteado sobre ejes claros.

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