Por Demetrio Iramain*
A cada paso de la actual política oficial en materia de Derechos Humanos, sale a la luz no sólo la complicidad y el interés común entre poderosos actores económicos y genocidas militares, sino también el cinismo con que ese progresismo para atrás justificó durante todos estos años sus tibiezas y traiciones.
La trama Papel Prensa, además de poner en su lugar a Clarín y La Nación, corre los límites que cierto progresismo bienpensante se había autoimpuesto durante todos estos años, y a partir del cual sus estrategas y escribas pontificaron qué se podía hacer y hasta dónde, descalificando como “sectarios”, “ultras” y todo lo demás a quienes excedían las fronteras de lo “políticamente correcto”. Ejemplo: las Madres de Plaza de Mayo.
A cada paso de la actual política oficial en materia de Derechos Humanos, sale a la luz, no sólo la complicidad y el interés común entre poderosos actores económicos y genocidas militares, sino también el cinismo con que ese progresismo para atrás justificó durante todos estos años sus tibiezas y traiciones, y que las Madres enfrentaron no pocas veces en total soledad. Un relato que, de modo permanente, juzgó de “fanáticos” e “irreflexivos” a quienes no se ciñeron a los estrechos márgenes de lo posible.
Los héroes de cotillón que el progresismo de la democracia tutelada –en “libertad ambulatoria”, según palabras de la presidenta– entronizó, se caen al piso ahora, y de la porcelana rota en mil pedazos no sacamos ni para ladrillo. Entre ellos, la del ex fiscal Julio César Strassera, aquel que quería pasar a la Historia con esa frase que utilizó para cerrar su alegato en el Juicio a las Juntas: “Señores jueces: nunca más.” Junto con el ex fiscal, es el propio juicio a los jerarcas dictatoriales el que comienza a ser puesto en cuestión.
Aquel juicio –desde sus implicancias hasta sus justificaciones– estructuró durante todos los años siguientes la trama argumental de todo ese espectro del pensamiento teñido de progre y bien visto, que tan desbordado se ve ahora por la sucesión de medidas oficiales. Lo cierto es que contemplaba sólo a los miembros de las tres primeras juntas militares genocidas –las de los generales Videla, Viola y Galtieri–, pero no a la de Bignone, con quien la Multipartidaria –que el radicalismo integraba con posición dominante–, pactó la entrega del poder y las condiciones en que esta se produciría, y que el alfonsinismo triunfador en las elecciones de 1983 cumplió hasta el paroxismo.
Entre aquellos sombríos pactos radicales-militares, indudablemente estuvo el de evitar por todos los medios el juzgamiento en tribunales civiles sólo de quienes “se excedieron en la represión”; pero si ello resultara inevitable (y debido a la presión popular de entonces, lo fue), que fueran los propios jueces y fiscales que actuaron durante la dictadura quienes los llevaran adelante. De ahí la confirmación en sus cargos que el gobierno elegido en octubre de 1983 hizo del 90% de los jueces y fiscales –entre ellos Strassera–, que también lo fueron en la oscura etapa de los hábeas corpus rechazados y la suspensión de la Constitución por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, como pomposamente se llamaba a sí misma la dictadura.
Quizás ahora se den las circunstancias para que todos podamos entender el por qué de las Madres en su rechazo a la CONADEP, a su “Comisión de notables”, a la “verdad” radical de confeccionar una lista de muertos, pero no de asesinos. Es muy sintomático que se cuestione ahora al gobierno por investigar recién promediando su segundo mandato consecutivo lo sucedido en Papel Prensa, y nadie se pregunte por qué no fue la CONADEP la que lo investigara, y sólo circunscribiera su labor al relato macabro del horror, pero no a la matriz económica del genocidio.
Quizás ahora sí entenderemos la conmovedora decisión de las Madres de negarse a exhumar los cadáveres de sus hijos, de darlos por muertos, hecho traumático que el sistema judicial demandaba como condición indispensable para probar la muerte clandestina, aunque tipificándola como una sumatoria insignificante (en cuanto al número) de delitos comunes –privaciones ilegítimas de la libertad seguidas de tormentos y homicidios–, y no como un “genocidio”, figura jurídica que hubiera correspondido aplicar en aquel juicio de 1985, y que recién fue observada en el histórico fallo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, presidido por el juez Rozanski, más de 20 años más tarde, en septiembre de 2006.
Quizás ahora sí cobre relevancia y vitalidad aquel saludable planteo ético y profundamente político de las Madres de Plaza de Mayo, expresado en su negativa a cobrar las reparaciones económicas que el Estado pagaba a los deudos de los desaparecidos. Es precisamente ese argumento –que los Graiver fueron indemnizados en su oportunidad por el Estado por sus activos quitados forzosamente–, el que sobrevuela sobre la subjetividad popular trabajada por los medios monopólicos, a través de la cual se pretende quitar legitimidad a quienes testimonian lo que ocurrió en la empresa productora de papel de diario. En un drama humano y político tan grave como el de Papel Prensa, con su consecuencia social y cultural inmediata, como lo es la libertad de expresión severamente amenazada por el manejo monopólico del principal insumo para hacer diarios, todo se tiñe de otra cosa si se cuela el dinero, suciedad capitalista con la que nadie podrá asociar nunca jamás a las Madres de Plaza de Mayo.
Quizás ahora, al enterarnos de la sugestiva gestión que Magdalena Ruiz Guiñazú hizo muy recientemente ante Lidia Papaleo, a pedido del diario La Nación, podamos entender por qué esta periodista tan prestigiada y mimada por la corporación mediática, estrella descollante de la CONADEP, amenaza recurrentemente a Hebe de Bonafini con iniciarle una querella por injurias, toda vez que la presidenta de las Madres recuerda su pasado como cronista útil a la dictadura militar.
Por lo demás, resulta extraño que sean justamente Strassera y ahora Federico Storani quienes traten de impugnar moralmente al matrimonio presidencial por su –según ellos– desconocido compromiso con los Derechos Humanos antes de su asunción como presidentes de la Nación. Justo ellos, que integraron el Poder Judicial durante la dictadura, y rechazaron habeas corpus –el ex fiscal–, y levantaron obedientes la mano para votar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –el otro–, sin contar las muertes que el radical tiene en su haber, cuando apenas asumido el cargo de ministro del Interior del por entonces flamante presidente De la Rúa, ordenó desalojar el Puente Chaco-Corrientes por la Gendarmería, y cayeron asesinados cinco desocupados. Esa mueca de autoridad tan típica en la UCR.
Si ese argumento miserable y rastrero que utilizan Strassera y Storani fuera atendible, a la vez que beneficia a los represores militares, también daría razón a la escandalosa justificación a la que echó mano Menem para indultar a los pocos genocidas que el alfonsinismo dejó en cárceles de lujo, atendidos por sus propios camaradas, al terminar abruptamente su mandato. Como él había estado en prisión durante la dictadura –se amparaba Menem–, tenía legitimidad de origen y catadura ética para “perdonar” a los asesinos y “pacificar” la Nación a través de su insoportable gestualidad prodictatorial.
Lo cierto es que Cristina Fernández y antes su marido, Néstor Kirchner, hicieron exactamente a la inversa de lo que aconsejan la real politik y el posmodernismo neoliberal, manuales desde los cuales analizan el escenario político tantos que los critican, precisamente por las políticas más defendibles del kirchnerismo. Obraron con firmeza ante poderosos enemigos, no durante los años en que ocupaban cargos de menor importancia institucional, sino al arribar a la investidura más significativa de la democracia argentina.
No se sentaron a negociar su retirada con los poderes invisibles, fácticos, del poder real tras el traspié electoral del 28 de junio; fue precisamente allí cuando profundizaron su visión inclusiva de país. Fueron al revés de todo lo conocido y aconsejable por ese inútil prospecto del posibilismo que siguieron al pie de la letra sus actuales adversos por izquierda. No fueron idealistas y socializantes cuando jóvenes, y tecnócratas y talibanes del mercado al momento de asumir –grandes y maduros de edad– la más alta función del Estado.
Bienvenidos, entonces, los Kirchner a la historia grande de los patriotas argentinos. Como las Madres. Como Julio Cortázar. Como Rodolfo Walsh. Como tantos y tantas que, más tarde o más temprano, comprendieron con humildad y honradez que el compromiso es uno solo: con el pueblo, o contra él.
*Director de la revista Sueños Compartidos, Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Fuente: Tiempo Argentino, 7.9.10
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